Lo que la condena de Ábalos dice de España y de sus élites
Hay un principio que la teoría del derecho penal repite con insistencia y que la política suele ignorar con comodidad: la gravedad de un delito no se mide solo por su cuantía económica, sino por el momento en que se comete y por la posición desde la cual se ejecuta. Un funcionario que roba en tiempos de bonanza es un corrupto. Un funcionario que roba mientras su país entierra a sus muertos es otra cosa. El Tribunal Supremo español acaba de pronunciar sentencia sobre esa otra cosa.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y hombre fuerte del PSOE, fue condenado este lunes 22 de junio de 2026 a 24 años y tres meses de cárcel por liderar una trama de corrupción que operó durante la pandemia: contratos de mascarillas adjudicados de forma irregular a empresas vinculadas al comisionista Víctor de Aldama, pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo, contratación de personas de su entorno en empresas públicas y el alquiler de un piso a cambio de gestiones administrativas. Su exasesor Koldo García recibió 19 años. Aldama, que confesó y colaboró con la justicia, se salvó de la cárcel con cuatro años y medio suspendidos.
El Supremo no habla de irregularidades aisladas. Habla de un sistema articulado para beneficiarse de recursos públicos en plena emergencia sanitaria, con una organización criminal que operó desde el corazón mismo del Ministerio de Transportes. Esa precisión importa. No fue un funcionario menor que aprovechó un resquicio burocrático. Fue el número dos del partido gobernante, el ministro con mayor presupuesto del gobierno, el hombre que pilotó durante años la estructura territorial del PSOE, quien utilizó la excepción de la pandemia para enriquecerse mientras España cerraba sus fronteras y contaba sus muertos.
El propio Supremo advierte en su sentencia que el efecto más grave de estas conductas es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía. No hace falta traducirlo. Cuando el Estado es saqueado por quienes lo administran, lo que se pierde no es solo dinero público: es la razón por la que la gente tolera pagar impuestos, obedecer normas y creer que las instituciones sirven para algo.
El caso tiene una dimensión que ningún análisis honesto puede ignorar. Ábalos no era un ministro secundario: fue la persona que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, el artífice de la moción de censura de 2018, el mismo que desde el estrado acusó entonces al gobierno de Rajoy de corrupción. Eso no es ironía menor. Es el retrato de una clase política que cambia de discurso según el lado del banquillo en que se sienta, pero mantiene intactos sus métodos. La corrupción en las democracias contemporáneas no es un problema de siglas: es un problema de impunidad percibida y de controles que no funcionan cuando más se necesitan.
La condena ha abierto de inmediato un frente político de enorme alcance. La oposición exige elecciones anticipadas y sostiene que la responsabilidad política no puede limitarse a los condenados. El gobierno busca separar aguas entre las responsabilidades penales individuales y la gestión del Ejecutivo. Ese debate tendrá sus tiempos. Pero hay una pregunta más incómoda, que ningún partido se apresura a responder: ¿cómo pudo una organización criminal operar durante años desde el interior de un ministerio sin que ningún mecanismo de control lo detectara a tiempo? Esa pregunta no es cómoda para nadie. Tampoco debería serlo.
La pandemia dejó al descubierto muchas cosas que los gobiernos occidentales preferían mantener en penumbra. En España, parte de lo que salió a la luz fue esto: que mientras el país vivía su mayor crisis sanitaria en un siglo, algunos de los que administraban el Estado lo usaron como oportunidad de negocio. El Supremo lo ha dicho con nombres, fechas y montos. Lo que ninguna sentencia puede restituir es el tiempo perdido, la confianza rota y el dinero que nunca llegó a donde debía llegar.
Aldo Rojas Padilla.
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